20 enero 2025
Federico Nogueda Berdeja
A pesar que ya se tiene una estructura jurídica ante este fenómeno de uniones forzadas mediante venta o dotes de las niñas, no deja de ser polémica y frustrante seguir observando este fenómeno cultural, arraigado en una tradición que ya no encaja en el rol de vida que está llevando en nuestro país.
El Censo de Población y Vivienda 2020 registró 224,454 adolescentes de 12 a 17 años en una situación conyugal de unión (casadas o en unión libre) y 21,167 actualmente no unidas, pero con antecedente de unión conyugal (separada, divorciada o viuda).
Otro dato de (Giris Not Brides, 2021), nuestro país México ocupa el octavo lugar a nivel global.
Los estados con más casos son sin duda Oaxaca y Guerrero, en nuestro estado ya se ha comenzado con un marco jurídico, ya se tiene una estructura, entre ellas destaca: un delito que no tiene prescripción y las penas van de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa. Además, las penas sumarían de cuatro a ocho años de cárcel más si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
La semana pasada la diputada local Araceli Ocampo presento en el Congreso del estado una reforma mediante una adición de un párrafo al artículo 177 del Código Penal de Guerrero.
Busca reforzar el marco jurídico del estado en materia de matrimonios infantiles, la propuesta del párrafo establece que el matrimonio infantil, sea considerado un delito grave para quienes faciliten, o lleven a cabo este tipo de uniones.
La legisladora en su exposición se le observó preocupada, pero sobre todo muy reflexiva, donde hizo un llamado a todos, a que le entren con ganas a combatir este fenómeno social, donde la figura central son las niñas y adolescentes.
Expresaba que no se le buscara más que esos actos son violaciones a sus derechos humanos, a su decisión de elegir que vida llevar, les truncan su vida a esos menores, donde de buenas a primeras asumen roles de vida de mucha responsabilidad, que todavía no están preparados para hacerlo, forzar su proceso de vida.
De ser niñas pasan a responsabilidades de una mujer adulta, arrancan a una niña de su hogar, cuando todavía esa niña quiere jugar, divertirse e ir a la escuela, son actos nimios, obligándolas a vivir con alguien que no conoce, con una persona que le triplique la edad.
En conclusión, la diputada sintetiza que estos actos son historias de vidas rotas, las vuelven una mercancía, siendo que son niñas que sólo quieren experimentar la vida libre.
La reflexión sobre este tema de las uniones ilegales infantiles, ya va más allá de un marco jurídico, de una sanción o castigo de la Ley, ahora requiere que se le ponga más atención por parte de la figura del estado mexicano.
Que se vaya a las causas que las origina, que se combata la pobreza en los lugares rurales y semirrurales, zonas en especial de los pueblos originarios, como son las zonas de la Costa Chica, la Montaña y en otras regiones más.
Así como se hacen consultas para los minusválidos y otros temas o ámbitos, de como desean expresar su forma de vida en la educación y la propia vida social, también que se agarre ese tema por los legisladores y no se suelte, no esperar un mandato de la Suprema Corte de justicia, se comience con un plan para también hacer consultas a las niñas víctimas de costumbres, ya no permitidas por el propio rol de vida que experimenta la sociedad.
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