‘Sobre aviso no hay engaño’
07 abril 2025
Federico Nogueda Berdeja
Cada vez más se sigue tejiendo con mayor fortaleza la estructura jurídica para seguir combatiendo los matrimonios forzados infantiles, sobre todo en los pueblos originarios y afrodescendientes, aunque también en regiones de Tierra Caliente en menor grado se da.
Y son varias reformas que se han presentado hasta este momento, como la del pasado cuatro de abril, en el Pleno del Congreso de Guerrero, esta última como una tipificación a la cohabitación forzada, es decir, sin necesidad de casarse, con una sanción máxima de hasta quince años de cárcel.
Es cierto que la ignorancia de la Ley no exime la pena, no obstante, en estos casos o excepciones, si será necesario hacerlo saber o recordarles que ahí están las leyes, sobre todo con acciones interinstitucionales, el Congreso del estado, la Secretaría de Cultura estatal, Derechos Humanos, Seguridad Pública estatal, donde se realicen campañas de concientización en esas regiones, donde se practica con más regularidad estos delitos.
Por supuesto que no será tarea fácil, y menos si no se comienza, para que los pueblos originarios y afrodescendientes le vayan perdiendo ese aprecio a los matrimonios forzados infantiles, para que aplique el dicho popular, ‘Sobre aviso no hay engaño.
Para que se les vaya metiendo en sus mentes, la gravedad de esas costumbres que cortan el futuro, la vida, de la niñez que necesita desarrollarse y dejen de caer prácticamente en una esclavitud, como frustración de ver cortados sus ilusiones.
Por causa de un interés económico de sus padres que la ofrecen, pero es algo que no les pertenece, ahora con esta reciente reforma, los cerca, a esos padres, ligeros en el sentimiento de desprenderse de unos niños.
La reforma al artículo 177 Bis Código Penal, les quita ahora otro pretexto, de decir, ‘no están cansados, simplemente están viviendo juntos, ahí usted lo está viendo mi hija va y viene a su casa’, eso es la cohabitación forzada, y ahora ya se castiga.
En la reforma se establece de tres a 10 años de prisión para quien gestione o se beneficie de este delito, si el responsable es familiar de la víctima la pena aumenta en un tercio y si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, la sanción se incrementa hasta en una mitad. La cohabitación forzada la sanciona con hasta 15 años de prisión.
Las diputadas que expusieron Araceli Ocampo y Erika Lührs, coincidieron en que, ‘por esta situación se afecta el futuro de miles de niñas, imposibilitando su educación futura, coaccionando su voluntad y derecho al libre desarrollo de la personalidad, era necesario hacer estas modificaciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes guerrerenses’.
Este proceso de concientización hacía los pueblos originarios y afrodescendientes, de ya no practicar los matrimonios forzados o cohabitación forzada, que podría darse interinstitucionalmente, debe de contar con mucha paciencia y voluntad, porque quitar del inconsciente esas prácticas ancestrales, ya que con los castigos en sí, no va hacer suficiente, aunque si hay ahora mayor margen de maniobra, con la estructura jurídica que se ha creado.
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